Comencemos por el inicio, el pasado 29 de noviembre de 2016 con 75 votos por el Sí y cero por el No el Senado refrendaba en la noche de aquel martes el nuevo Acuerdo de Paz que se había firmado días antes en el Teatro Colón; este era el resultado de lo que en algunos deportes se conoce como ‘errores no forzados’, aquellos que se cometen por cuenta propia y no por una jugada brillante del contrario, como le pasó al Presidente Juan Manuel Santos con la idea de refrendar la Paz sin ninguna obligación desde el punto de vista legal.

Esta nueva refrendación vía congreso se daba ya que el artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz (01 del 2016) establecía que para poder entrar en funcionamiento el ‘fast track’, debía haber pasado antes por una refrendación popular, por lo que la única idea que le surgió al Gobierno luego de perder el plebiscito fue entregarles a los congresistas el Acuerdo de Paz para que ellos en representación de la ciudadanía lo avalaran.

Firma del Nuevo Acuerdo de Paz en el Teatro Colón / Presidencia

Quince días después la Corte Constitucional reconoció al Congreso como un órgano de representación popular con legitimidad para refrendar lo pactado dándole vía libre al ‘fast track’ por un tiempo de 180 días y aunque en un principio no le podían meter mano, solo aprobar o no las iniciativas legislativas, cinco meses después este máximo tribunal tumbo estos apartes y determinó que los proyectos que se tramitarían por la vía rápida sí podrían ser objeto de proposiciones por parte de los partidos políticos.

Esto desencadenó lo que la misma FARC denominó en una carta dirigida al Presidente “una especie de renegociación extemporánea y unilateral de lo que tanto esfuerzo nos ocasionó acordar en cinco años de intensos debates en la Mesa de Conversaciones”.

Voces de Paz, el movimiento ciudadano creado para acompañar en el Congreso, con voz pero sin voto, la implementación del Acuerdo Final de Paz / El Espectador

Entre proyectos y reformas constitucionales durante este mecanismo el Congreso sólo tramitó 19 normas de las cuales apenas 9 fueron aprobadas en la mayoría de casos con textos muy diferentes a los aprobados en el Colón.

Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional declaró exequible la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció una serie de cambios claves, entre ellos, determinó que los Agentes del Estado y terceros civilmente responsables en el conflicto no tienen la obligación de comparecer ante la Justicia Transicional, sino que su sometimiento deberá ser voluntario.

Igualmente, la Ley estatutaria de JEP recibió un duro golpe en el texto de conciliación que votó el Senado, donde se aprobó un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los 51 magistrados de la justicia transicional, lo que implicaría que eventualmente los ya electos, no se puedan posesionar.

“Entregamos a Colombia una JEP mejor a la que nos radicaron”, dijo el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara un gran opositor de esta iniciativa / Reporteros Asociados

A este precario estado de la implementación legislativa se suma un saldo de 28 excombatientes y 145 líderes asesinados, 3 Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) abandonados por problemas de infraestructura y seguridad.

“una especie de renegociación extemporánea y unilateral de lo que tanto esfuerzo nos ocasionó acordar en cinco años de intensos debates en la Mesa de Conversaciones”

Para el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, la “perdida de la confianza” y la “desilusión” que se siente frente a la implementación de lo acordado, ha generado que de las 12.262 personas que hicieron dejación de las armas el 55% ha decidido realizar el proceso de reincorporación de una manera individual, y no colectivamente como estaba planteado en el Acuerdo.

Durante el foro “Implementación, entre la perfidia y la potencia transformadora” un balance al estado de la implementación del Acuerdo final organizado por el componente de la FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) se explicó que en materia de reincorporación económica es muy poco lo que se ha avanzado.

Rodrigo Londoño, Presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común durante la conmemoración del aniversario de la firma final / @OscarGarzónCor

En el evento Juan Pablo Patiño de la Unidad Técnica de Reincorporación, explicó que el Consejo Nacional de Reincorporación tiene muy poca “capacidad de ejecución real”, apenas en el último mes se logró conformar 26 consejos de reincorporación a pesar de que esta entidad se creó hace un año y solo se han conformado 22 cooperativas que integrarán ECOMUN en 18 ETCR.

En el mismo sentido Victoria Sandino, integrante del partido político FARC se refirió al enfoque de género y étnico en esta fase, señalando que se tienen “serias dificultades”, se ha avanzado en lo enunciativo, pero no en el articulado que explique cómo se va a especificar la norma para garantizar efectivamente los Derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI.

“La institucionalidad no tiene herramientas para la transversalización, no conocen el tema del enfoque de género” mencionó Sandino, resaltando que pese a este panorama lograron colocar unos indicadores frente a las políticas públicas en el Plan Marco de Implementación que es donde se define punto por punto cómo se va a implementar el Acuerdo y ayer se estableció la Mesa Técnica con las mujeres del Gobierno.

Iván Márquez firma compromiso de reincorporación política, social y económica ante la Secretaria Ejecutiva de la JEP / FARC

Por ahora frente a lo que a la FARC compete no desisten de alcanzar la Paz, “nosotros ya tomamos una senda, un rumbo que no lo vamos a variar, vamos a seguir aquí trabajando por la paz de Colombia, buscando que un nuevo Congreso que un nuevo Gobierno ojalá de transición, tome en sus manos el verdadero Acuerdo de Paz y lo materialice… seguiremos firmes en este propósito de buscar por la vía legal, por la vía de la participación política la transformación de esta sociedad” señaló Iván Márquez desde el auditorio Rogelio Salmona en el centro de Bogotá.

Por ahora no hay una ruta clara de que va a pasar en los siguientes meses pero lo que si quedó claro durante este periodo de reglamentación es que este no fue el Congreso de la Paz ni del Postconflicto como había dicho el Presidente Santos.

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