El pasado 31 de diciembre el Congreso aprobó la Ley 1820 de 2016 la cual otorga Amnistía e Indulto a personas privadas de la libertad procesadas y/o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC–EP.

En el Acuerdo de Paz se estableció que las FARC elaborarían un listado donde reconocerían a sus integrantes y sería entregado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y ésta certificaría su pertenencia con esta guerrilla; la insurgencia ha reconocido a la fecha a 3.400 prisioneros políticos, pero 900 de ellos no han sido acreditados y solo han recibido beneficio 1100.

El proceso de Amnistía posee tres formas: de Iure, el traslado a una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) si ha cumplido menos de 5 años en prisión y la libertad condicionada, si ha cumplido más de 5 años de la condena; en los últimos dos casos con el compromiso de presentarse a la Justica Especial para la Paz (JEP)

En un informe del mes de abril, la Coalición Larga Vida a las Mariposas (CLVM), organización defensora de Derechos Humanos que abogan por la libertad y trato digno de las y los prisioneros políticos en Colombia, desde la entrada en vigencia de la Ley se habían presentado 724 peticiones, de las cuales se concedieron 138 amnistías de Iure, 22 libertades condicionadas y 38 traslados a ZVTN; negándose 14 libertades condicionadas.

Esta falta de celeridad en la ejecución se debe a varios aspectos, el Gobierno tuvo que expedir el Decreto 277 de 2017 donde aclaraba algunos vacíos que tenía la Ley y prepara otro para esta semana con la promesa de haber definido la situación jurídica de los guerrilleros en las cárceles antes del 31 de julio “se va a proferir un decreto que es el fruto de este trabajo, que supera obstáculos y trabas que se estaban interponiendo en la materialización de las libertades” afirmó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.

La Coalición expresa que es inadmisible que los Jueces se hallan convertido en un obstáculo, denuncia que el Juez Primero de Ejecución de Penas de Tunja, Doctor Camilo Ernesto Becerra Espitia, “no ha tomado ni una sola decisión fallando a favor o en contra de las solicitudes entregadas a este despacho”. Pero no ha sido solo este juzgado, para la Organización hay otros procesos donde los Jueces han rechazado las solicitudes estableciendo que sus delitos no pertenecen al Conflicto Armado, cuando esa valoración es competencia de la JEP, incluso en otros casos argumentan que se necesita verificar la autenticidad de los certificados otorgados por el Alto Comisionado.

A su vez la Misión de las Naciones Unidas en Colombia realizó un llamado urgente para que el gobierno colombiano de solución a la situación de los presos, “la detención de los miembros de las FARC-EP en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la Paz” afirmó esta organización.

Como consecuencia los prisioneros iniciaron una Jornada Nacional de Desobediencia hace dos semanas con protestas y huelgas de hambre, que se extenderían hasta alcanzar la aplicación efectiva de la Ley, “esta dramática situación de las y los prisioneros políticos es un mensaje negativo hacia el mundo de la falta de compromiso del Estado colombiano en el cumplimiento de lo acordado” afirmó en un comunicado el Secretariado General de las FARC-EP.

Mientras se da una solución concreta a esta situación el estado de salud de los prisioneros se deteriora, como el caso de Jesús Santrich integrante del Estado Mayor Central de las FARC, quien fue hospitalizado en la noche del viernes por a una descompensación a causa de una huelga de hambre que completa 15 días.

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